Compartimos el comunicado de

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (fuundec.org)

Comunicado

Entrega del dictamen pericial independiente: caso Brenda Damaris González Solís desaparecida en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León a 16 de febrero 2015

Brenda Damaris Gonzáles Solís fue desaparecida el 31 de julio de 2011 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Tras sufrir un percance vial ella se comunicó con su familia para informarles del accidente, en el transcurso de la llamada informó que estaba llegando una patrulla de Tránsito de la policía municipal y cortó la llamada. Desde entonces no había certeza de su paradero y las investigaciones del caso por parte de la Procuraduría Estatal han sido insuficientes para esclarecer los acontecimientos. No existe ningún detenido en las averiguaciones a pesar de que se tiene identificados a dos policías de Tránsito que estuvieron presentes en el lugar del accidente. El vehículo donde transitaba Brenda Damaris fue encontrado fuera de la cinta asfáltica y con 5 impactos de bala. En la primera semana de octubre de 2012 la familia de Brenda Damaris acudió al paraje La Huasteca en Santa Catarina ante la información de que había sido hallada una fosa con cuerpos humanos. En ese lugar fueron amenazados con detenerlos por parte de elementos del Ejército Mexicano que incluso alegaron que la manta con la foto de Brenda Damaris era una “narcomanta”. Unos días después de este acontecimiento la señora Juana Solís Barrios, madre de Brenda Damaris, fue informada del hallazgo de restos humanos que aseguraron correspondían a su hija.

Ante el cúmulo de irregularidades en la investigación, en la entrega de restos y ante la indolencia del estado para proporcionar certeza de la identidad de los mismos; FUNDENL solicitó a la Procuraduría de Nuevo León a autorizar un peritaje independiente que diera certeza a la familia González Solís. El peritaje comenzó el día 10 de septiembre de 2014 y fue realizado por el Equipo Peruano de Antropología Forense, quienes han fungido como peritos en Perú, El Salvador, Brasil y la región de los Balcanes en Europa oriental; apoyado por un perito del Equipo Mexicano de Antropología Forense. Ambos realizaron la exhumación, custodia, traslado de restos, toma de muestras y envió de las mismas al Laboratorio Bode Technology en Washington, E.U. El análisis de ADN en dicho laboratorio fue supervisado por la organización Gobernanza Forense Ciudadana.

Las principales irregularidades cometidas por la Procuraduría de Nuevo León, que configuran violaciones a los Derechos Humanos y por las que se da parte a las Comisiones, Estatal y Nacional, de Derechos Humanos para que determinen el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos y los posibles delitos en que hayan incurrido son:

Mal manejo de la escena y recuperación de la evidencia: la recuperación de los restos humanos en el lugar del hallazgo, fue realizada sin seguir los protocolos de preservación, fueron mezclados con los de una segunda persona, entregándose de forma incompleta.
Notificación no oficial de la localización de los restos: No fue una autoridad de procuración de justicia la que notificó a la familia sino una organización de la sociedad civil.
Entrega de restos de manera indigna: los restos fueron entregados a la familia en una bolsa de plástico negra y no en un ataúd.
Intento de obligar a la familia a cremar los restos: El personal del Servicio Médico Forense le exigió a la familia que fueran incinerados los restos inmediatamente después de ser entregados sin ningún sustento técnico aparente.
Las pruebas genéticas entregadas por la Procuraduría son poco claras.
Información errónea en el certificado de defunción: La autoridad que emitió el certificado de defunción de Brenda Damaris González Solís colocó información falsa al redactar que “murió en su domicilio”

Los resultados de los análisis de los restos son positivos y corresponden con Brenda Damaris González Solís, solicitándose en este momento a la Procuraduría la restitución digna de los restos a la familia, así como la cobertura total de los gastos funerarios y de inhumación en base al artículo 31 de la Ley General de Víctimas.

Hemos encontrado a Damaris pero aún no se ha obtenido justicia, el siguiente paso será que la Procuraduría debe esclarecer el asesinato, definiendo el grado de participación de los elementos de Tránsito Municipal de Santa Catarina y obteniendo sentencias condenatorias para todos los involucrados. El gobierno estatal de Nuevo León deberá integrar a la Familia González Solís al registro estatal de víctimas de manera inmediata para que pueda acceder a las medidas de reparación del daño y a la preservación de la memoria a que tienen derecho en base a la Ley General de Víctimas o a la Ley Estatal de Víctimas según la que otorgue mayor protección a sus derechos en base a la interpretación “pro persona” del Artículo 1º de la Constitución Mexicana.

La lucha de la familia González Solís es un ejemplo de que las víctimas de la violencia en Nuevo León no han recibido justicia, pero también de que no son pasivas y seguirán luchando para que sean garantizados sus Derechos. Las y los familiares de personas Desaparecidas de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León daremos seguimiento puntual a este caso paradigmático de negación de justicia en Nuevo León y que los errores cometidos por la PGJNL nunca más vuelvan a repetirse.

Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León